BOLETÍN 1

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: ALGUNAS REFLEXIONES.

Considero que una de las maneras de colaborar con nuestro país, es hacerlo desde nuestro ámbito de acción profesional, en este caso por cuanto la reconstrucción a causa del terremoto, requerirá necesariamente la contratación de obras, bienes y servicios, es decir aporte de conocimientos en Contratación Pública. Por ello me permito realizar las siguientes reflexiones:

A raíz del terremoto del 16 de abril, el señor Presidente de la República decretó el estado de excepción, figura jurídica totalmente distinta a la emergencia que contractualmente hablando está prevista en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) que conlleva que sea la MÁXIMA AUTORIDAD de cada entidad contratante la que motive los requisitos señalados en el artículo 6 número 31 de la Ley ibídem.

Mi primera preocupación estriba entonces en lo indicado en el párrafo anterior, porque el estado de excepción no conlleva que se obvie y deje sin efecto la resolución MOTIVADA que debe emitir la máxima autoridad de la entidad contratante, situación que no puede dejar de considerarse, en mi criterio, así el SERCOP “dispusiese” que se realicen contrataciones por emergencia.

Por otro lado, demás está señalar que aun cuando la máxima autoridad declarase la emergencia, ello no implica que se deje sin efecto la facultad y obligación constitucional (art. 76, número 7 letra l de la Constitución de la República) de motivar QUÉ, CON QUIÉN, CÓMO, POR CUANTO ($) y en QUE condiciones se va a contratar.

No hay que olvidar al respecto que aun cuando se esté en emergencia:

1. Los recursos económicos que se van a utilizar siguen siendo RECURSOS PÚBLICOS y por lo tanto tienen que ser usados con la misma cautela, responsabilidad y cuidado que en cualquier otro proceso de contratación.

2. Si bien el artículo 57 de la LOSNCP permite la discrecionalidad para decidir contrataciones directas, éstas no siempre son obligatorias, sino posibles (como alternativas); y además en todo caso no se puede confundir discrecionalidad con arbitrariedad; por lo que los actos que se realicen aún en procesos de emergencia DEBEN SER MOTIVADOS y justificados.

3. En dicha lógica, los procesos de emergencia TAMBIÉN REQUIEREN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, si bien no con los pliegos normales de un proceso, si con los documentos que justifiquen la pertinencia de las decisiones adoptadas.

4. Por lo expuesto, para que se celebre un contrato, aún en régimen de emergencia, considero que es obvio que deben constar como parte del expediente contractual, los correspondientes actos administrativos y de simple administración, que justifiquen el PORQUE de la contratación, el con QUIÉN de la contratación y el PORQUÉ de su MONTO, PLAZO Y CONDICIONES, entre otros aspectos.

5. Considero además que independientemente de que se haya optado por un régimen de contratación de emergencia, las reglas de ejecución de dichos contratos son las mismas que las de cualquier otro contrato en cuanto a la necesidad de imponer multas o sanciones en caso de incumplimiento, celebrar actas de entrega recepción, en las que se verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, etc.

6. Finalmente si bien la Ley no exige que las emergencias consten en el PAC, dada la situación general que atraviesa nuestro país, considero que es necesaria una PLANIFICACIÓN adecuada de las contrataciones a realizarse, para evitar "compras impulsivas" que conlleven dispendio de recursos públicos, tan escasos en la actualidad.

ES DECIR, EL HECHO DE QUE SE PUEDAN CELEBRAR CONTRATOS POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EMERGENCIA, NO SIGNIFICARÍA HACER “TABLA RASA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO”, sino exclusivamente tener la posibilidad (no la obligación) de poder contratar de forma directa, o de ejecutar el proceso precontractual en tiempos más cortos; pero sin dejar de lado los requisitos de MOTIVACIÓN Y DE LLEVAR EN ORDEN EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

 

Inés María Baldeón B.
DIRECTORA GENERAL

GRUPO EMPRESARIAL CEAS

  

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